Garantizan derechos humanos de mujeres que abortan

En mayo, el Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer a las cerca de 40 organizaciones que forman parte de su Consejo Consultivo de Género y Salud de las Mujeres un instructivo dirigido a todos los directores de los servicios de salud del país, en el que se pide garantizar la atención médica y no violar la confidencialidad de quienes se hayan practicado abortos para no judicializar sus casos.

"Aún cuando el aborto es una conducta ilegal ( ) en la legislación chilena, no corresponde extraer confesiones a las mujeres que requieran atención médica como resultado de un aborto, sobre todo cuando dicha confesión se solicita como condición para la prestación de salud requerida", enfatizó en el documento, fechado el 24 de abril, el ministro Álvaro Erazo.

El secretario de Estado recordó que una acción de este tipo vulnera la norma contenida en el artículo 15º de la Convención Contra la Tortura ratificado por Chile, el 30 de septiembre de 1988 y la Constitución Política, en lo que respecta al derecho a la salud y la garantía de un proceso justo.

"En síntesis, la atención médica debe ser incondicional y cualquier confesión obtenida en el contexto descrito es completamente ilegal", agregó.

RESPUESTA A LA ONU

El doctor René Castro, jefe del Programa de Salud de la Mujer del Minsal, y uno de los profesionales que participó en la redacción del documento, señaló a La Nación que con el instructivo se busca dar cumplimiento al Tercer Informe Periódico sobre Chile, de 2004, elaborado por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

"De lo que se trata aquí es que el funcionario de salud privilegie su función sanitaria. No debería transformarse en un investigador o judicializador del tema ( ) La obligación de reportar los abortos sería secundaria a la obligación de preservar la confidencialidad con los pacientes", indicó Castro.

Lo anterior, debido a que la ONU pidió que no se condicione la atención de las mujeres a que confiesen y sean llevadas a la justicia.

"El concepto que queremos ir instalando es que si una persona llegó con un aborto, es cómo lo hacemos para que no repita la misma experiencia y eso requerirá de todo un esfuerzo de educación a la mujer", explicó.

El Minsal señala que no existen cifras exactas sobre abortos en Chile, pero que una estimación gruesa sería cerca de los 100 mil anuales y recordó que los profesionales no pueden ser llevados a la justicia "porque si no hay denuncia no (hay caso)".

ABOGADA DE LA UDP

La abogada Lidia Casas, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, valoró el instructivo porque la penalización no es una herramienta que disminuya los abortos, lo que en cambio sí se puede lograr con un acompañamiento a la mujer.

Recordó que una medida de este tipo se le exige a Chile desde 1995, ya que la mayoría de las denuncias de este tipo provienen de los servicios de salud.

Respecto de las repercusiones judiciales que puede tener en un médico o matrona el no denunciar un hecho como éste, la abogada señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció sobre este punto.

"Hay un caso paradigmático contra Perú, en donde a una doctora la acusan, el gobierno de Fujimori la procesa y la condena por no haber denunciado a un señor que participó en un enfrentamiento y fue herido de bala. La ley peruana, al igual que la chilena, la obliga a reportar estos hechos a la autoridad, pero ella llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que los médicos no pueden constituirse en el brazo armado del aparato investigador, porque su primer deber es con el paciente. Este es el peso fuerte para mantener el tema de la confidencialidad", enfatizó.

Según sus estimaciones, las cifras de abortos complicados en Chile bordean los 30 mil.

"Si lo médicos tuvieran que reportar cualquier aborto la cantidad en el sistema de justicia sería altísimo", señaló.

Extraído de Diario "La Nación", 08 de julio de 2009.

Epidemia del Lucro

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales. En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba. En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (www.grain.org). Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades. Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo. Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio. Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo. Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados". No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.

Silvia Riveiro
Investigadora del Grupo ETC
www.etcgroup.org

¿Hablemos de Aborto?

El ingreso en la arena electoral de algunas opiniones sobre aborto terapéutico señala con penosa claridad cómo se degrada a tema político lo que es un severo problema en salud pública y un dilema insoluto en la esfera personal de muchísimas personas. La vaguedad con que se hace referencia al aborto indica una falta de sensibilidad ante un conflicto que permea verticalmente toda época histórica y horizontalmente las más diversas sociedades y culturas. Decir que el tema merece discusión “como corresponde” es un lugar común dirigido a todos, a los pro vida dándoles la tranquilidad que solo de discusión se trata, a los pro elección para otorgarles la expectativa que al menos habrá debate.

El aborto ha sido definido como un tema valórico, que por cierto lo es como muchas otras materias. Crear leyes de fomento a la cultura es valórico, como lo es destinar recursos a un centro deportivo o legislar sobre educación. Y precisamente por ser valórico, ha de ser debatido en amplitud y apertura a respuestas y decisiones diversas y equivalentes. Lo más reñido con una sociedad plural y tolerante es imponer normas y prohibiciones que obedecen a ciertos valores que no son universalmente compartidos. Contrariamente a lo que se nos dice, lo “valórico” debiera desencadenar el debate respetuoso y de ningún modo clausurarse en torno a un valor determinado.

Por lo demás, lo que eventualmente se pondría sobre la mesa de debate es el aborto terapéutico, donde el tema es una indicación médica que hace peligroso continuar con el embarazo. Es obvio que los riesgos para la estabilidad de la mujer incluyen los embarazos producidos por violación o incesto, así como el albergar un embrión cuyas malformaciones limitan o descartan su viabilidad. No hay en la indicación terapéutica concesión a un aborto procurado por libre elección, motivo por el cual casi ninguna legislación ha prohibido la interrupción de un embarazo por motivos médicos.

Ha de concederse que la indicación podría prestarse para una variedad de interpretaciones lo cual, para los opositores, abriría la puerta hacia el abuso. Para quienes lo apoyan, rechazar el aborto terapéutico sería una floja disculpa para negar lo legítimo so pretexto que no se puede normar por temor a los excesos. Recurriendo al socorrido argumento de la pendiente resbaladiza no se autoriza lo razonable por temor a los abusos. Si se legalizara la marihuana, para lo cual puede haber buenos y razonables motivos, se desencadenaría una progresiva permisión que remataría en un desborde sin freno ni control en el uso de drogas adictivas. Se prefiere sacrificar el argumento razonable inicial en vez de diseñar controles para evitar estos excesos.

En el caso del aborto terapéutico, el argumento de la prohibición hermética del aborto para evitar los abusos presenta dos falacias. Primero, que permitir el aborto terapéutico no significa aceptar una postura moral sino una necesidad médica, como el nombre lo indica. Segundo, que de llegar a liberalizarse las indicaciones de aborto no caeríamos en un terreno de inmoralidad reconocida, sino que en una práctica que para muchos ciudadanos corresponde al ejercicio legítimo de la autonomía en cuestiones personales, además de eliminar las complicaciones y los costos del aborto clandestino.

Tener que ganar favores electorales declarando que se podría iniciar el debate sobre “temas valóricos” no hace otra cosa que mostrar la pobreza de nuestra deliberación cívica, que no solo ha sido sometida a restricciones, sino que ha de obtener autorizaciones extraordinarias para debatir problemas de primera importancia.

Miguel Kottow , es Médico de la U. de Chile, especializado en Oftalmología.
Doctor en Medicina Universidad de Bonn, Alemania; Médico Cirujano Estado de Illinois, USA; y Magíster en Sociología Universidad de Hagen, Alemania.

¿Por qué llega Novoa a...?

La Cátedra UNESCO Harald Edelstam sobre Educación y Derechos Humanos ha estimado necesario compartir una reflexión sobre la reciente elección de Jovino Novoa a la testera del Senado de nuestro país.
Cualquiera sea la lectura que se haga de esta elección lo cierto es que estamos más frente a un problema ético que frente a un problema sólo político. Por razones de fuerza militar tuvimos a Jovino durante los años de la Dictadura. Ahora, por razones de “consenso político” tenemos a Jovino en democracia. El Jovino de ayer en el corazón mismo de la represión; el Jovino de hoy, en la impunidad y blanqueado por las elecciones en las cuales ha participado y ganado. Y esto nos tensiona fuertemente en nuestras convicciones éticas y valóricas por cuanto estamos hablando de un suceso legitimado socialmente.
Hay acuerdo universal en que una de las características fundamentales de la democracia política es la responsabilidad pública de los gobernantes y de quienes ostentan funciones de autoridad pública. Dicho principio tiene que ver con una tradición que se remonta a la proverbial resistencia de los colectivos e individuos a los abusos de poder de los gobernantes. Dicha resistencia ha ido logrando el reconocimiento de la existencia de una responsabilidad moral por parte de aquellos que, en el ejercicio del poder que ejercen, sus acciones u omisiones afectan a individuos particulares o a la sociedad en su conjunto.
Una sociedad democrática y plural alcanza la madurez cuando su colectivo asume valores universales consensuados que tienen que ver con el perfeccionamiento de dicha democracia. La soberanía popular, el respeto de los Derechos Humanos, la alternancia en el poder, así como la responsabilidad política y moral de los gobernantes, son principios universales y consubstanciales a la democracia efectiva, más allá de las legítimas diferencias políticas e ideológicas que se expresan en dicha forma de gobierno. Lamentablemente en nuestro país, durante casi dos décadas (1973-1990), dichos principios fueron desconocidos y el gobierno de la época violó sistemáticamente la legalidad construida por la República a lo largo de su historia. La tarea estuvo a cargo de las autoridades de la época, personas de carne y hueso, con nombre y apellido, algunas de las cuales mantienen todavía protagonismo político. Dichos funcionarios no pueden alegar, por una parte, desconocimiento de las reglas morales básicas y compartidas que rigen una comunidad ni, por otra, desconocimiento de los principios que organizan las sociedades políticas modernas.
El país ha observado cómo una de estas personas alcanzó la presidencia del Senado de la República demostrándose, así, un déficit preocupante en la reflexión moral nacional. ¿Es éticamente válido que un colaborador importante del régimen dictatorial ocupe la testera del Senado de la República, tomando en cuenta que en el ejercicio del cargo avaló violaciones de principios básicos de convivencia y que ni ha sentido la obligación moral de explicar a la nación su responsabilidad en dichas violaciones? Los argumentos esgrimidos por los defensores de su postulación sólo expresan un clima moral enrarecido en sectores de la política nacional. La reflexión moral individual y colectiva es necesaria en cualquier sociedad que pretende el desarrollo colectivo y los dichos y acciones de quienes operan en el ámbito público expresan el nivel de desarrollo del juicio y la acción moral de esa comunidad. El silencio sobre la responsabilidad moral por parte de políticos que operaron en altas esferas de un régimen dictatorial, su falta de explicaciones públicas y, por tanto, de reflexión moral, así como el desconocimiento de la necesidad de manifestarse en este ámbito, revela la erosión de la dimensión moral de la política y de la convivencia.
Esta grave situación nos preocupa como educadores en derechos humanos y como ciudadanos comprometidos con la democracia ya que no es un hecho aislado. Por el contrario, da cuenta de un modo de hacer política en que pareciera que las autoridades -- no sólo aquellas que participaron de un gobierno que violó los derechos humanos, sino también de aquellas actuales que avalan con su conducta -- no necesitan dar cuenta de sus acciones. Conocemos situaciones que reflejan que la pregunta por la moralidad de los actos públicos no se responde. Explicaciones, o la falta de ellas, han permitido mantener en el silencio estas inconsistencias y faltas de coherencia ética y valórica. Hay una cantidad de grandes y pequeños hechos que revelan la existencia de una estrecha mirada sobre la moral pública. El actual Presidente del Senado no ha estado solo.
Por ello, llamamos a promover permanentemente una reflexión moral en la ciudadanía que permita exigirles a los actores de la vida política nacional coherencia con la cultura democrática fundada en los DDHH que nuestra sociedad con tanto esfuerzo está construyendo.

Cátedra UNESCO Harald Edelstam Educación y Derechos Humanos

Un paso para el fin

Por Manuel Martínez Opazo* / La Nación Desde fuera del poder Son las 16 horas del domingo tercero del mes. Mucho movimiento en el barrio, cómo no, si estoy en el sector del Forestal y los domingos son concurridos. Camino por el barrio y al pasar por el café de una amiga me encuentro que está cerrado. No comprendo y hasta me limito a pensar que cómo alguien puede darse el lujo de cerrar en el mes que más público tiene la zona. No obstante, observo con detención la reja del local y veo que hay un ramo de flores con un encintado negro. Me detengo con cierta inquietud y logró ver que adentro hay un hermoso arreglo floral rosado sobre una mesa en cuya superficie leo un texto dedicado a mi amiga que se corona con las siglas QEPD. No me convenzo... Mi amiga de varios años, con quien incluso en un momento planeé crear una sociedad, se ha ido. Luego de pensar muchas cosas, me dirijo donde Claudia, la dueña del café próximo, quien de primera no me cree lo que acabo de saber. Consulta con un vecino, que le cuenta que nuestra amiga habría puesto fin a sus días ese fin de semana. Un silencio nos cruza, no entiendo, me atraviesa un hielo por la espalda, creo que la información que estoy recibiendo no es real, sólo escucho frases cortadas y pienso en los muchos momentos en que nos topamos, las buenas conversas y discusiones que hasta nos distanciaron, aunque nunca dejamos de querernos. Ella tenía su carácter, sí, y algo fuerte, aunque yo no me quedo nunca atrás. Trato de ver qué puede significar todo esto, despertar en otro instante, con preguntas que no tendrán respuesta y con muchas conjeturas. A los que detienen su existir abruptamente, para dar paso a la penumbra al fin, no se les puede buscar esos porqués que sólo nos nacen pues estamos vivos. Alguien estará pensando en la cobardía del que salta al vacío o en la valentía de su determinación, pero yo prefiero que los calificativos nazcan para otro tipo de acontecimientos. Creo profundamente en la vida, pero de la misma forma como la defiendo, también respeto el genuino derecho de morir y darse un fin cuando en libertad uno lo determine. Estoy claro que el legítimo derecho a vivir está consagrado en la Carta de Derechos Humanos y en las constituciones de prácticamente todos los estados, que defienden este principio básico de una sociedad. Pero si entiendo la libertad por sobre mis convicciones metafísicas, las cuales no me deben limitar, he de comprender que también debe ser legítimo el derecho a no desear querer seguir. Sabemos que nadie se levanta pensando en exterminarse, aunque no sabemos en qué momento a alguien se le gatilla la determinación. Si ordenásemos mejor nuestra existencia y viésemos que detrás de la tormenta viene la calma, y que si las nubes estériles nos privan de ver las estrellas es sólo por el instante que dura el paso de las nubes, entenderíamos que todo fluye, que podemos buscar una solución al conflicto que nos eclipsa. Es cierto que la vida es muy compleja. No me lo van a decir a mí, que andando por los caminos que he recorrido ya llevo tres amigos que se han decidido marchar en forma distinta de los que se van por una causa "natural". Entiendo que la vida es tan hermosa. Yo soy de los que tratan de escuchar una flor, me detengo a oír el canto de la gota de rocío o siento a la distancia el aliento de la nube que surca mi cielo. Por lo mismo, no me trato de explicar mucho por qué es de tal o cual forma la vida. Sólo vivo, sin inquietarme mucho, sin ahogarme en interrogantes que no serán respondidas por nada y por nadie. Estoy convencido de que si dejamos que las cosas fluyan, en forma tranquila y sin tantas vueltas, llegará el día de entender lo que hoy nos cuesta comprender, producto del cansancio, del agobio, de no aceptar que la muerte danzó con nuestra amiga y que ella aceptó el baile con la parca hasta la eternidad. De esta extraña forma de enfrentar una arista distinta de la vida también debemos saber observar. Muchas veces miramos, pero no vemos; escuchamos, pero no oímos; hablamos, pero no damos coherencia a nuestras oraciones. Se puede ver debajo del agua, por medio de un haz de luz, por medio de tus ojos oírte con el solo hecho de sentir tu aliento, no hay que estar tan capacitado, sólo dejarnos sentir. Siempre el momento y el tiempo se confabulan, no somos culpables de las partidas. Nunca fue por haber llegado tarde, mas tu decisión era y se tenía que concretar, no busquemos los porqués, mucho menos rasguñemos las piedras, ya que jamás encontraremos respuestas. Detener con violencia nuestra vida ha de responder a muchos factores. ¿Cuáles? No sé, no los comprendo, y de verdad no deseo preguntármelos. Sólo me queda desearte que si esto te dio plenitud y felicidad, espero que descanses en paz.

El aborto: abrirse a la posibilidad de dialogar

Con el transcurso de los años hemos visto la transición social en los chilenos. Antes hablar de divorcio era inimaginable, y se debía recurrir a la farsa de la “anulación”, para significar una relación que no funciona – como muchas otras – en algo que no existió. Algo muy parecido a negar la realidad, situación que contó con el apoyo férreo de un grupo de personas con poder (político, económico, comunicacional) para impedir que la opción del divorcio existiera y fuera una posibilidad de zanjar y resolver dificultades concretas. Anular el matrimonio, tampoco ayudaba mucho al proceso de la reparación y duelo personal: si esta unión no existió, entonces ¿Qué son los hijos, la casa, los muebles, los proyectos y los sueños que tuvimos en común?

Lo mismo sucede con el tema del aborto que sin duda es un tema controversial en el país, y que lo es porque las posibilidades del debate y la reflexión aún están limitadas, no sólo entre nuestros legisladores, sino en muchos espacios de convivencia social, donde habitan en el imaginario de las personas un sin número de mitos asociados al tema, y muchas veces actitudes de gran intolerancia.

Cuando hablamos del aborto, o el tema se pone en la mesa de discusión, observo que existen dos respuestas frecuentes: una negación absoluta a la posibilidad del aborto por personas vinculadas a un tipo de religión cristiana (más fundamentalistas), y otra opinión vaga más que nada por la desinformación existente. Ambos sólo flexibilizan sus posturas en el caso excepcional del aborto terapéutico – con un montón de condiciones de por medio. Pero de la decisión unilateral de la mujer por optar a No ser madre, provoca reacciones alérgicas graves.

Como sabemos, el aborto en Chile está prohibido en todas sus formas, pero por eso no necesariamente se dejan de realizar abortos, y en condiciones irregulares.

Muchos actores sociales además desconocen que existe una Fundamentación Jurídica Internacional con respecto a Los Derechos Sexuales y Reproductivos, los cuales son definidos “como derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos consustanciales a la vida humana como son la sexualidad y la reproducción. Estos derechos implican contar con información y acceso a los servicios y medios que se requieren para ejercer estas decisiones”. Aquí no hablamos de la posibilidad del “aborto terapéutico”, sino en la posibilidad de la mujer – sea cual sea su razón – a tener la posibilidad de interrumpir su embarazo.

En cuánto al aborto terapéutico, diversos eventos mundiales de organizaciones de médicos y de juristas han consensuado cinco condiciones para propiciarlo:

1. Que el feto sea inviable; por ejemplo, un feto anencefálico (sin cabeza).

2. Que haya riesgo cierto para la salud de la madre. Si se da la situación arriba mencionada y ésta, es casi obvio que hay que optar por la vida, en este caso la de la madre.

3. Que lo anterior sea certificado por tres especialistas. Dados los avances de la medicina, a los gineco-obstetras habría que agregarles un médico especializado en medicina fetal. Ello evitaría declarar inviable un feto cuyas malformaciones pueden ser corregidas por cirugía intrauterina.

4. Que exista consentimiento de la madre. Si se opone el padre, se aplica el principio de mayor derecho de la mujer.

5. Que nadie lucre por el procedimiento, ni el equipo médico ni el establecimiento donde se realiza. Ningún interés comercial puede contaminar la interrupción del embarazo con fines terapéuticos.

En nuestro país, sabemos, indiscriminadamente se ha establecido la prohibición de ambas, excluyendo a los ciudadanos la posibilidad de entablar un debate básico sobre legislar sobre ésta medida. Y eso es grave, y peligroso, porque entonces se entiende que son “otros” quienes deben decidir por nosotros; que son otros quienes “saben” lo que es bueno o malo para la mujer y el hombre, entonces entiendo que yo no soy capaz de reflexionar, dialogar y opinar, porque esa posibilidad me ha sido negada.

Ojo que no estoy planteando la liberación del aborto por que sí. Quiero ir más allá. Cualquiera que sea la opinión que tengamos sobre el tema, la idea es que mínimamente estemos informados a cabalidad de lo que se trata. Quedarnos con esta imagen de “asesinar a un hijo” que ciertas instituciones proyectan a diestra y siniestra por los medios de comunicación, me parece una lavado de cerebro barato. Entiendo cuando una mujer profundamente creyente se duele con la posibilidad de que la vida de un cigoto, embrión o feto sea interrumpida, porque cree firmemente en las palabras de su Dios, y porque cree que hay otras posibilidades de resolver la situación. Pero también entiendo a una mujer que quiere tomar la decisión del aborto, sin juzgar sus razones, porque ciertamente debiera ser un derecho el poder decidir sobre lo que pasa en nuestra vida y en nuestro cuerpo, como una decisión reflexionada e informada (y eso toca de refilón el tema de la eutanasia que aquí no abordaremos), y como dueños del libre albedrío que nos ha sido entregado

Decidir qué opción es válida o no, es una pregunta sin respuesta, porque ambas representan juicios de valores personales y profundos, y bien sabemos que estos son incuestionables. No hay criterios de homologación para esto, como podríamos hacerlo con una prueba de ciencia: esto es verdadero, o esto es falso. En este caso no funciona así. Por eso imponer unilateralmente la prohibición de la opción del aborto es un asunto delicado, porque entonces lo que se transmite es que los “valores” de otros están por encima de aquellos que piensan diferente.

Me gustaría apostar porque las puertas estuvieran abiertas a todas las posibilidades, previo proceso de información, acompañamiento, reflexión y regulación. Aquellos que están en contra, recurrirían a otras alternativas para enfrentar un embarazo no deseado (la adopción, la resignación, etc), y quienes estuvieran a favor podrían optar al aborto, y también está la posibilidad además de la adopción, o del cambio de parecer, por qué no. Transparentar los mecanismos es fundamental para terminar con desigualdades históricas entre mujeres que abortan y no (cuando quieren hacerlo) referido al tema económico. Terminar con el mercado negro del aborto no regulado, exponiendo a mujeres a enfermedades y muertes y al lucro indiscriminado. No seguir exponiendo a niños y niñas no “deseados” a experiencias de maltrato históricas, que corren el riesgo casi seguro de replicar su abandono y desamor.

El tema no está cerrado. Son muchos los caminos y alternativas de lo posible. La invitación es reflexionar y dialogar. Pero por sobre todo, a no hacer juicios de valor sobre la opinión del otro en un tema que nos interpela fundamentalmente a la comprensión.

Desinformación Coordinada

Por Álvaro Ramis, Presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN

Sabemos que el duopolio periodístico COPESA El Mercurio compite por lectores y por avisaje publicitario. Pero si analizamos sus contenidos, es sorprendente la coordinación temática que llegan a alcanzar. Un ejemplo ilustrativo aconteció el martes 12 de noviembre pasado. El Mercurio editorializó bajo el título "Recursos públicos y ONG" y por su parte La Tercera presentó ese mismo día una columna de Tomás Duval, investigador del Instituto Libertad, sobre el financiamiento estatal a las ONG. ¿Coincidencia?

Esta sugerente sincronía no se debe a efectos telepáticos ni a espionajes secretos. Simplemente es el efecto de la influencia directa de ciertos think tank sobre los consejos editoriales y comités de redacción de estos periódicos. En este caso, la preocupación de Instituto Libertad recae en la tramitación de la Ley de participación ciudadana, que contempla la institucionalización del Fondo de fortalecimiento de la sociedad civil. Se trata de una iniciativa largamente demandada por las organizaciones sociales del país y que constituye casi la única fuente de recursos públicos que permite financiar actividades de juntas de vecinos, asociaciones y grupos de interés de la sociedad. Dineros, en todo caso, limitadísimos y sometidos a enormes controles de parte del Estado.

Ante la posibilidad de que esta nueva institución entre a funcionar de modo pleno, el Instituto Libertad desempolvó un estudio de Tomás Duval (Las ONG en Chile, 2007) que trata de hace ver que las transferencias del Estado hacia la sociedad civil "tienen una magnitud y diversidad considerables con respecto al contexto latinoamericano". Duval llega a afirmar que el Estado chileno financiaría el 46% del presupuesto de las ONG que trabajan en educación, desarrollo comunitario, política y servicios sociales, "lo que sitúa a las organizaciones sin fines de lucro en un dilema entre aparecer como meros agentes del Estado o bien actuar bajo su mandato original". Este análisis es el que utilizó tanto El Mercurio en su editorial como el mismo Duval en su artículo de La Tercera.

Junto con estas "alarmantes" cifras el Instituto Libertad siembra la hiedra de la sospecha sobre las transferencias de recursos, afirmado que muchos de esos fondos son entregados por vías demasiado blandas, sin rendiciones de cuentas acabadas. Exige convenios de desempeño y una fiscalización rigurosa.

¿Es tan cierto lo que afirma el duopolio, vocero oficioso del Instituto Libertad? La verdad es que el estudio de Duval confunde deliberadamente las ONG con todo el "sector sin fines de lucro" del país. Por este motivo se deducen las enormes cifras de recursos públicos a las que accederían las ONG. Se contabiliza en un solo bloque a todas las instituciones que se declaran "sin fines de lucro" como los colegios y las escuelas subvencionadas, los clubes profesionales de fútbol y las universidades privadas, por sólo mencionar algunos casos. Por ese motivo el estudio llega a conclusiones absurdas, tales como asegurar que las ONG constituyen un sector con elevadas cifras de empleo y con un destacado porcentaje del PIB.

Gonzalo de la Maza, presidente del Consejo Nacional del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, comentó acertadamente la columna de La Tercera de la siguiente forma: "La principal entidad "no lucrativa" en el país son los colegios y escuelas subvencionadas pertenecientes a congregaciones religiosas u otras entidades. Efectivamente el Estado les transfiere grandes cantidades de recursos sin contratos de desempeño ni evaluación de su labor. En todo caso esa transferencia es sólo 1/3 de lo transferido a privados para educación básica y media. Los otros 2/3 son entidades lucrativas que actúan en el campo educativo, según los datos del estudio dirigido por Ignacio Irarrázaval. Las Fundaciones y Corporaciones registradas en el Ministerio de Justicia son menos de mil y las organizaciones sociales que son varias decenas de miles, son muy mayoritariamente voluntarias, de tal manera que las organizaciones civiles no son grandes generadoras de empleo, aunque sí demandan del trabajo generoso de muchos chilenos y chilenas. Por ello las conclusiones del columnista no se refieren a las ONG y son manifiestamente absurdas, pues una cosa es que el Estado haya privatizado gran parte de la ejecución de sus recursos ?y no sólo a entidades sin fines de lucro- y otra muy distinta, es decir que "las ONG han capturado al Estado", sin aportar evidencia alguna al respecto".

Los montos de recursos que destina el Estado para actividades de ONG, juntas vecinales, y asociaciones ciudadanas en general, no sólo no han aumentado sino que han disminuido. Al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet el Fondo de la sociedad civil contaba con 875 millones de pesos, los que se incrementaron a $ 1.250 millones en 2007.
En 2008 el ejecutivo disminuyó el volumen de recursos del Fondo a $ 1.162. El proyecto de ley de presupuesto de 2009 no se contempla aumento de este ítem, a pesar del compromiso presidencial adoptado en octubre de 2006 en orden a duplicar el Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Cualquier organización que haya postulado a los recursos del Fondo de la sociedad civil se habrá dado cuenta que es un proceso riguroso, que contempla la evaluación externa de los proyectos y que opera a través de un Consejo Nacional y 15 Consejos Regionales con representación ampliamente mayoritaria de las organizaciones de la sociedad civil.
Desde 2006 a la fecha el Fondo ha beneficiado a 899 organizaciones. Obviamente, se trata de una institucionalidad perfectible, y por ello la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, junto a la coalición de Organizaciones por la Participación Ciudadana, ha hecho múltiples observaciones críticas al proyecto de ley y ha propuesto cambios importantes, que en general coinciden con las sugerencias propuestas por los miembros del Consejo del Fondo, entre los cuales está José Miguel Izquierdo, quien
también como Tomás Duval forma parte del Instituto Libertad.

Por este motivo llama la atención el afán premeditado de enrarecer el debate sobre el financiamiento público a la sociedad civil. Estas
organizaciones sociales, no gubernamentales y de voluntariado, expresan en su diversidad una forma de ejercer la ciudadanía, que contribuye a mejorar el sistema democrático, volcando sus energías hacia las necesidades de la vida cotidiana de la comunidad, como el trabajo, la educación, las temáticas de género, infancia, discapacidad, pueblos indígenas, superación de la pobreza y la discriminación y muchas otras donde no llega o no es eficiente la acción o la mirada del Estado. Se trata de ciudadanía organizada que estudia, se capacita y difunde una amplia gama de derechos ciudadanos, que protege el medio ambiente y vela
por el interés colectivo.

La riqueza de estas experiencias requiere que nuestro país implemente mecanismos públicos de financiamiento que garanticen su independencia, sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional. Para ello es vital trascender las precarias lógicas actuales, ligadas a la postulación a fondos concursables para proyectos de corto plazo, ámbito en el que muchas organizaciones ciudadanas han debido desenvolverse desde hace varias décadas.

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