¿Hablemos de Aborto?

El ingreso en la arena electoral de algunas opiniones sobre aborto terapéutico señala con penosa claridad cómo se degrada a tema político lo que es un severo problema en salud pública y un dilema insoluto en la esfera personal de muchísimas personas. La vaguedad con que se hace referencia al aborto indica una falta de sensibilidad ante un conflicto que permea verticalmente toda época histórica y horizontalmente las más diversas sociedades y culturas. Decir que el tema merece discusión “como corresponde” es un lugar común dirigido a todos, a los pro vida dándoles la tranquilidad que solo de discusión se trata, a los pro elección para otorgarles la expectativa que al menos habrá debate.

El aborto ha sido definido como un tema valórico, que por cierto lo es como muchas otras materias. Crear leyes de fomento a la cultura es valórico, como lo es destinar recursos a un centro deportivo o legislar sobre educación. Y precisamente por ser valórico, ha de ser debatido en amplitud y apertura a respuestas y decisiones diversas y equivalentes. Lo más reñido con una sociedad plural y tolerante es imponer normas y prohibiciones que obedecen a ciertos valores que no son universalmente compartidos. Contrariamente a lo que se nos dice, lo “valórico” debiera desencadenar el debate respetuoso y de ningún modo clausurarse en torno a un valor determinado.

Por lo demás, lo que eventualmente se pondría sobre la mesa de debate es el aborto terapéutico, donde el tema es una indicación médica que hace peligroso continuar con el embarazo. Es obvio que los riesgos para la estabilidad de la mujer incluyen los embarazos producidos por violación o incesto, así como el albergar un embrión cuyas malformaciones limitan o descartan su viabilidad. No hay en la indicación terapéutica concesión a un aborto procurado por libre elección, motivo por el cual casi ninguna legislación ha prohibido la interrupción de un embarazo por motivos médicos.

Ha de concederse que la indicación podría prestarse para una variedad de interpretaciones lo cual, para los opositores, abriría la puerta hacia el abuso. Para quienes lo apoyan, rechazar el aborto terapéutico sería una floja disculpa para negar lo legítimo so pretexto que no se puede normar por temor a los excesos. Recurriendo al socorrido argumento de la pendiente resbaladiza no se autoriza lo razonable por temor a los abusos. Si se legalizara la marihuana, para lo cual puede haber buenos y razonables motivos, se desencadenaría una progresiva permisión que remataría en un desborde sin freno ni control en el uso de drogas adictivas. Se prefiere sacrificar el argumento razonable inicial en vez de diseñar controles para evitar estos excesos.

En el caso del aborto terapéutico, el argumento de la prohibición hermética del aborto para evitar los abusos presenta dos falacias. Primero, que permitir el aborto terapéutico no significa aceptar una postura moral sino una necesidad médica, como el nombre lo indica. Segundo, que de llegar a liberalizarse las indicaciones de aborto no caeríamos en un terreno de inmoralidad reconocida, sino que en una práctica que para muchos ciudadanos corresponde al ejercicio legítimo de la autonomía en cuestiones personales, además de eliminar las complicaciones y los costos del aborto clandestino.

Tener que ganar favores electorales declarando que se podría iniciar el debate sobre “temas valóricos” no hace otra cosa que mostrar la pobreza de nuestra deliberación cívica, que no solo ha sido sometida a restricciones, sino que ha de obtener autorizaciones extraordinarias para debatir problemas de primera importancia.

Miguel Kottow , es Médico de la U. de Chile, especializado en Oftalmología.
Doctor en Medicina Universidad de Bonn, Alemania; Médico Cirujano Estado de Illinois, USA; y Magíster en Sociología Universidad de Hagen, Alemania.

¿Por qué llega Novoa a...?

La Cátedra UNESCO Harald Edelstam sobre Educación y Derechos Humanos ha estimado necesario compartir una reflexión sobre la reciente elección de Jovino Novoa a la testera del Senado de nuestro país.
Cualquiera sea la lectura que se haga de esta elección lo cierto es que estamos más frente a un problema ético que frente a un problema sólo político. Por razones de fuerza militar tuvimos a Jovino durante los años de la Dictadura. Ahora, por razones de “consenso político” tenemos a Jovino en democracia. El Jovino de ayer en el corazón mismo de la represión; el Jovino de hoy, en la impunidad y blanqueado por las elecciones en las cuales ha participado y ganado. Y esto nos tensiona fuertemente en nuestras convicciones éticas y valóricas por cuanto estamos hablando de un suceso legitimado socialmente.
Hay acuerdo universal en que una de las características fundamentales de la democracia política es la responsabilidad pública de los gobernantes y de quienes ostentan funciones de autoridad pública. Dicho principio tiene que ver con una tradición que se remonta a la proverbial resistencia de los colectivos e individuos a los abusos de poder de los gobernantes. Dicha resistencia ha ido logrando el reconocimiento de la existencia de una responsabilidad moral por parte de aquellos que, en el ejercicio del poder que ejercen, sus acciones u omisiones afectan a individuos particulares o a la sociedad en su conjunto.
Una sociedad democrática y plural alcanza la madurez cuando su colectivo asume valores universales consensuados que tienen que ver con el perfeccionamiento de dicha democracia. La soberanía popular, el respeto de los Derechos Humanos, la alternancia en el poder, así como la responsabilidad política y moral de los gobernantes, son principios universales y consubstanciales a la democracia efectiva, más allá de las legítimas diferencias políticas e ideológicas que se expresan en dicha forma de gobierno. Lamentablemente en nuestro país, durante casi dos décadas (1973-1990), dichos principios fueron desconocidos y el gobierno de la época violó sistemáticamente la legalidad construida por la República a lo largo de su historia. La tarea estuvo a cargo de las autoridades de la época, personas de carne y hueso, con nombre y apellido, algunas de las cuales mantienen todavía protagonismo político. Dichos funcionarios no pueden alegar, por una parte, desconocimiento de las reglas morales básicas y compartidas que rigen una comunidad ni, por otra, desconocimiento de los principios que organizan las sociedades políticas modernas.
El país ha observado cómo una de estas personas alcanzó la presidencia del Senado de la República demostrándose, así, un déficit preocupante en la reflexión moral nacional. ¿Es éticamente válido que un colaborador importante del régimen dictatorial ocupe la testera del Senado de la República, tomando en cuenta que en el ejercicio del cargo avaló violaciones de principios básicos de convivencia y que ni ha sentido la obligación moral de explicar a la nación su responsabilidad en dichas violaciones? Los argumentos esgrimidos por los defensores de su postulación sólo expresan un clima moral enrarecido en sectores de la política nacional. La reflexión moral individual y colectiva es necesaria en cualquier sociedad que pretende el desarrollo colectivo y los dichos y acciones de quienes operan en el ámbito público expresan el nivel de desarrollo del juicio y la acción moral de esa comunidad. El silencio sobre la responsabilidad moral por parte de políticos que operaron en altas esferas de un régimen dictatorial, su falta de explicaciones públicas y, por tanto, de reflexión moral, así como el desconocimiento de la necesidad de manifestarse en este ámbito, revela la erosión de la dimensión moral de la política y de la convivencia.
Esta grave situación nos preocupa como educadores en derechos humanos y como ciudadanos comprometidos con la democracia ya que no es un hecho aislado. Por el contrario, da cuenta de un modo de hacer política en que pareciera que las autoridades -- no sólo aquellas que participaron de un gobierno que violó los derechos humanos, sino también de aquellas actuales que avalan con su conducta -- no necesitan dar cuenta de sus acciones. Conocemos situaciones que reflejan que la pregunta por la moralidad de los actos públicos no se responde. Explicaciones, o la falta de ellas, han permitido mantener en el silencio estas inconsistencias y faltas de coherencia ética y valórica. Hay una cantidad de grandes y pequeños hechos que revelan la existencia de una estrecha mirada sobre la moral pública. El actual Presidente del Senado no ha estado solo.
Por ello, llamamos a promover permanentemente una reflexión moral en la ciudadanía que permita exigirles a los actores de la vida política nacional coherencia con la cultura democrática fundada en los DDHH que nuestra sociedad con tanto esfuerzo está construyendo.

Cátedra UNESCO Harald Edelstam Educación y Derechos Humanos